25 años después del asesinato de Guillermo Cano aún sigue impune

La Fiscalía hace 17 meses declaró como crimen de lesa humanidad el asesinato del director de El Espectador, Guillermo Cano. De esta manera se logró garantizar que el caso no pueda ser archivado. Sin embargo, la justicia poco ha avanzado para encontrar a los responsables.

El caso continua casi igual a como quedó en 1995, cuando el Tribunal Superior de Bogotá absolvió a la mayoría de los procesados y ratificó una condena de seis años al único individuo que pagó prisión por este delito: Luis Carlos Molina.

A partir de ese momento no volvió a pasar nada. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) insistió sobre la necesidad de no abandonar la investigación; y El Espectador, por su cuenta, año tras año se dio a la tarea de seguir rastreando el expediente para desentrañar los cabos sueltos del homicidio. Finalmente, el 2 de julio de 2010 la Fiscalía accedió a los continuos reclamos de la familia Cano, de El Espectador y del periodismo colombiano, al declarar como crimen de lesa humanidad el caso y, por lo tanto, de carácter imprescriptible.

El 17 de diciembre se cumplirán 25 años del asesinato de Guillermo Cano, desde la misma noche de su muerte, se supo que la mafia del cartel de Medellín había pagado sicarios para que lo silenciaran. Pero nunca fue posible llegar a la verdad de lo acontecido.

Para ese entonces el mayor avance que lograron los investigadores fue dar con la matrícula de la moto desde la cual le dispararon a Cano. Esta placa condujo al almacén donde había sido adquirida y a sus dueños. Uno de ellos resultó ser Álvaro García Saldarriaga. Después se pudo esclarecer que esa plata había salido de una cuenta corriente del Banco de Crédito y Comercio de Medellín, que había permanecido activa sólo algunos meses y cancelada poco antes del crimen de Cano Isaza.

García Saldarriaga, luego apareció acribillado en Palmira, Valle. Dos individuos más, del mismo círculo de García e identificados por testigos como los que rondaron las instalaciones de El Espectador poco antes del asesinato, corrieron la misma suerte. Ante las dificultades de avanzar por esta vía, la justicia encaminó sus actividades hacia la cuenta corriente desde donde salió el cheque para la compra de la moto. Así se constató que dos sujetos la manejaban, pero que realmente el dueño de la misma era Luis Carlos Molina.

Molina resultó ser la cabeza de un emporio de negocios que además obraba como una especie de banquero del cartel de Medellín. A mediados de 1988, cuando la justicia dio con él y fue conducido al DAS para un primer interrogatorio, se fugó, demostrándoles a las autoridades su responsabilidad en el plan para asesinar al periodista.

El abogado de la familia Cano, Héctor Giraldo, logró que la justicia siguiera adelante con el caso y persistiera en el rastreo de las cuentas de Molina, de esa manera, se llegó a una serie de cuentas donde al parecer se movían dineros de Molina. El 29 de marzo de 1989 fue asesinado el abogado Héctor Giraldo y casi enseguida la jueza del caso, Consuelo Sánchez, se marchó al exilio, no sin antes cerrar la investigación acusando a Pablo Escobar y su red de sicarios.

El expediente pasó al despacho del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Carlos Valencia, quien confirmó la medida y fue asesinado el 16 de agosto de 1989. Para el juicio el expediente llegó a manos de la jueza de Medellín Myriam Rocío Vélez, quien una vez más ratificó la decisión y también fue asesinada, el 18 de septiembre de 1992.

Desde entonces el expediente empezó a deambular de despacho en despacho y sólo en agosto de 1995 hubo sentencia. La sentencia impuso 25 años de prisión a un sujeto que nunca apareció y 16 a Molina Yepes, que seguía prófugo. En febrero de 1997, Molina Yepes fue capturado en Bogotá y pagó tan sólo seis años de cárcel. Informó El Espectador.